El ampliado minero de Potosí

Por Guillermo Lora

Efectuada a finales de 1957 en Potosí, la asamblea de los trabajadores con el oficialismo boliviano tuvo como resultado el deslastramiento de la clase obrera con la política gubernamental y nuevos logros laborales para los mineros.

1957

El ampliado minero de Potosí (fines de 1957) constituye un importante jalón en el camino de la radicalización de los trabajadores. En el congreso de Pulacayo1 todavía tuvieron éxito la presión y amenazas del oficialismo. Contrariamente, el Ampliado señaló la línea política de la independencia clasista, planteó la ruptura con el silismo y permitió la libre actuación de los marxistas. El lechinismo no tuvo más remedio que secundar los planteamientos hechos por estos últimos. César Lora e Irineo Pimentel (Siglo XX) integraron la Comisión Política; Aurelio Félix Borda (Potosí) la Económica; Pastor Peñaranda (Potosí) la de Asuntos Sociales, etc.

La derecha movimientista, al verse arrinconada dentro del Ampliado, se volcó a las calles para presionar a los delegados desde fuera. La reunión de Potosí se realizó en medio de la belicosa hostilidad de las huestes silistas, que ya estaban comandadas por Celestino Gutiérrez, líder oficialista de Huanuni y que morirá mas tarde trágicamente. Enfurecidas manifestaciones pedían la cabeza de los izquierdistas. El oficialismo, encarnado en Hernán Siles, se mostró como enemigo irreconciliable del movimiento obrero.

La tendencia mayoritaria se orientó a cimentar la verdadera unidad obrera, no sólo de los mineros, sino de todos los trabajadores. Para alcanzar este objetivo se comenzó por establecer la tesis de que no era el momento de ahondar las diferencias alrededor de postulaciones abstractas, sino de unificar y arrastrar a todos los sectores laborales tras una plataforma de reivindicaciones inmediatas e imprescindibles. Aurelio Félix dijo en la primera reunión: «El Ampliado debe aprobar en sus deliberaciones, en resguardo de la unidad de la clase minera, un plan de reivindicaciones inmediatas».

Rápidamente los mineros, los fabriles, etc., salieron a la palestra denunciando el carácter antiobrero de la libre contratación, que en el lenguaje silista se llamó «racionalización de la industria»

Fiel a su tradición, la burocracia de la Federación no deseó ni pudo liberarse totalmente de la influencia gubernamental. Decretó el aplazamiento de la fecha de reunión del Ampliado a fin de permitir que el parlamento concediese poderes extraordinarios en materia económica al jefe de Ejecutivo. Cuando los debates alcanzaron su mayor agudeza y el gobierno era vigorosamente atacado, presionó para poner punto final -apresuradamente- a la reunión. Esta conducta denuncia que su objetivo no era otro que negociar con el silismo, concluir una componenda que le reportase algunas ventajas temporales, seguirá actuando así hasta después de 1964. No hubo modo de lograr que las discusiones llegasen hasta la raíz del malestar que se había apoderado de muchas instituciones estatales como la CNSS, la COMIBOL, etc. Los delegados de base se preguntaban si la burocracia de la Federación estaba con el gobierno o contra él.

Cuando las bases pasaban al ataque adoptaba poses radicales y daba la impresión de ser opositora; pero cuando Siles amenazaba se apresuraba a jurarle fidelidad. Los tradicionales dirigentes de la Federación demostraron haber perdido todo ascendiente sobre sus bases y, en los hechos, los sindicatos grandes (Siglo XX y Potosí, particularmente; ocuparon el lugar de la FSTMB). Los resultados de la reunión de Potosí colocaron a los mineros, de modo inobjetable, a la cabeza de la lucha por mejores salarios y contra lo que se llamó el desgobierno movimientista.

Los acuerdos fundamentales del Ampliado fueron los siguientes:

  1. Independencia política de los mineros y rompimiento con la política reaccionaria de Siles, es decir, ruptura del co-gobierno. Rechazo de los poderes extraordinarios concedidos por el Legislativo a Siles en materia económica.
  2. Rechazo del plan de estabilización monetaria, por importar la acentuación de la miseria.
  3. Justa compensación, conforme a lo aprobado en la reunión de Pulacayo (Bs. 25.000.- por día), establecimiento del salario básico vital y de la escala móvil.

Los delegados denunciaron que la situación de los obreros era tan aflictiva que la mayor parte de ellos adeudaban a la COMIBOL por provisión de alimentos y vestuarios, de 800.000.- a un millón de bolivianos, no existiendo posibilidad de que pudiesen ser canceladas dentro del marco de los salarios vigentes, en ese entonces.

La Caja Nacional de Seguridad Social fue sometida a una severa crítica, se denunciaron las deficiencias observadas en su funcionamiento y la forma despótica con la que los médicos trataban a los pacientes. Algunos jerarcas sindicales que alcanzaron cargos de dirección en la CNSS fueron sindicados de apropiarse indebidamente los dineros de los trabajadores. Dada la difícil situación económica de la entidad se acordó exigir el pago de los aportes patronales.

El acuerdo de Potosí, al establecer el monto de la compensación por las emergencias de la modificación de la política monetaria, se baso en cuidadosos estudios sobre las necesidades del trabajador.

Las votaciones sobre problemas políticos revelaron la relación de fuerzas existente entre los opositores y los seguidores del oficialismo. Cuando se trató de la conducta gubernamental, setenta y ocho delegados la repudiaron airadamente, ocho se solidarizaron con ella y quince se abstuvieron de expresar su opinión. Esta tendencia antigubernamental se irá acentuando, más y más, en el futuro.

La desconfianza a los altos dirigentes sindicales se expresó en una resolución que exigía a que las decisiones laborales tuviesen carácter de mandato imperativo para los parlamentarios obreros. El malestar dentro de la COB era evidente, sobre todo porque no había sabido resistir a la arremetida gubernamental. Se acordó reestructurar la Central partiendo de las bases sindicales.

El control obrero fue motivo de amplia discusión y no pocos delegados subrayaron el mal y deshonesto uso que hacían de él algunos elementos burocratizados. La resolución respectiva habla de la defensa de esta valiosa conquista a través de su perfeccionamiento, de su transformación de individual en colectivo. Así se volvía a la esencia de la voz de orden consignada en la «Tesis de Pulacayo».

Para defender a los mineros de la desocupación y del despido del trabajo por razones políticas, el Ampliado se pronunció en favor de la inamovilidad de los obreros, convertida en conquista después de 1952 y seriamente amenazada por Siles a través del proyectado decreto sobre «libre contratación». La reunión minera se apresuró en expresar su repudio a dicha medida.

Los obreros se dieron cuenta inmediatamente que la libre contratación era un arma que se pretendía entregar a COMIBOL y a los empresarios privados para que cómoda y «legalmente» pudiesen deshacerse del elemento considerado supernumerario.

La estabilización precipitó al abismo la capacidad de absorción de la mano de obra del mercado interno y la fábricas, imposibilitadas para salir airosas de la libre competencia con las mercancías importadas, se vieron colocadas ante el problema de exceso de personal. Rápidamente los mineros, los fabriles, etc., salieron a la palestra denunciando el carácter antiobrero de la libre contratación, que en el lenguaje silista se llamó «racionalización de la industria». Eso es lo que dice la resolución de la Federación Departamental de Fabriles de La Paz de 18 de diciembre de 1957.

Generalización del bono por insalubridad: «Considerando que solo excepcionalmente los obreros salen con vida después de seis años de trabajo, se ha concluido que la mina (comprendidas las plantas preconcentradoras, ingenios, laboratorios, bodegas) debe ser declarada insalubre toda ella y que debe fijarse el 25% de bono por insalubridad (vigente para Salvadora y Lagunas de Siglo XX hasta el gobierno de Barrientos).

Los trabajadores de las fábricas conminaron a «su» ministro a no estampar su firma en semejante documento, porque este acto «significaría traición a sus representados». Iguales pronunciamientos se produjeron en las federaciones de fabriles de Cochabamba y Oruro. Finalmente, surgió la amenaza de huelga general en caso de que el gobierno persistiese en su afán de efectivizar la libre contratación. La medida fue decretada con el nombre de «reglamentación del retiro voluntario» y estableció el pago de tres meses de salario para los que se retiran «voluntariamente».

Otro de los acuerdos se refiere a la implantación obligatoria del contrato colectivo de trabajo.

Las reacciones oficialistas frente a los acuerdos de Potosí fueron por demás contradictorias. El Presidente Siles sostuvo que el Ampliado Minero, junto al fracaso de la huelga general del primero de julio, debían considerarse como grandes victorias de su gobierno. La prensa de todos los matices (católica, imperialista y palaciega) se solazó en repetir que el fracaso del ampliado demostraba el renacimiento de una nueva conciencia obrera, capaz de acomodarse a las exigencias del gobierno y del imperialismo.

«La Nación», dependiente del Palacio de gobierno, no tuvo el menor reparo en informar que el Ampliado había sido fácilmente disuelto por las huestes movimientistas. La verdad es que entre la clausura de la reunión obrera y el verificativo de la manifestación del MNR, arbitrariamente calificada como monstruosamente grande, transcurrieron cerca de tres horas. El diario oficialista habló de 25.000 movimientistas que se habían volcado a las calles para protestar contra los comunistas. El hecho de que los manifestantes se hubieran desbandado por miedo a una contra-manifestación obrera habla con elocuencia de la inexactitud de los datos consignados por «La Nación».

Para defender a los mineros de la desocupación y del despido del trabajo por razones políticas, el Ampliado se pronunció en favor de la inamovilidad de los obreros, convertida en conquista después de 1952 y seriamente amenazada por Siles a través del proyectado decreto sobre «libre contratación». La reunión minera se apresuró en expresar su repudio a dicha medida.

Una maniobra ejecutada por la burocracia de la Federación de Mineros buscó desvirtuar el acuerdo fundamental del Ampliado sobre la cuestión económica. En lugar de plantear el problema salarial, hizo conocer, mediante comunicado, que había constituido una comisión encargada de realizar estudios sobre los salarios de los trabajadores, vigentes antes y después de la ejecución del plan estabilizador de la moneda. El acuerdo de Potosí, al establecer el monto de la compensación por las emergencias de la modificación de la política monetaria, se baso en cuidadosos estudios sobre las necesidades del trabajador. La FSTMB buscaba postergar el planteamiento salarial y desvirtuar la clara reivindicación adoptada por el ampliado. La comisión demandó ante el presidente de la República (enero de 1958) la «revisión de la compensación por la supresión de la pulpería barata, variación del tipo de cambio y elevación del costo de vida, con carácter general para el sector minero. Un acuerdo concreto fue sustituido por una serie de ambigüedades.

Sin embargo, en el seno mismo de la llamada Comisión Económica Tripartita (Catavi, Siglo XX, Huanuni) se impuso el criterio de aprobar una plataforma de lucha para todos los mineros y que el momento en que fue lanzada adquirió un inconfundible carácter revolucionario. En sus cinco capítulos involucraba las siguientes reivindicaciones:

  1. Bono por antigüedad: aplicación de una norma vigente en los sectores fabril, ferroviario, docente, militar, etc, del 9% sobre el salario básico (2 años de antigüedad) hasta el 100% para nueve años de trabajo en el interior mina. Para el exterior: 4% (2 años de antigüedad) y 100% para 18 años de trabajo.
  2. Efectivización del bono sobre producción: 10% de los salarios por cada diez toneladas excedentes de 400.-mensuales. En caso de no lograrse ese límite por deficiencias técnicas, bono fijo de 30% para interior y 25% para exterior mina.
  3. Recategorización por especialidad: dividir el personal en ocho categorías por especialidad y establecer entre las remuneraciones mínimas y las máximas una diferencia del 40% de manera que pueda lograrse un aumento del 5% por categoría.
  4. Generalización del bono por insalubridad: «Considerando que solo excepcionalmente los obreros salen con vida después de seis años de trabajo, se ha concluido que la mina (comprendidas las plantas preconcentradoras, ingenios, laboratorios, bodegas) debe ser declarada insalubre toda ella y que debe fijarse el 25% de bono por insalubridad (vigente para Salvadora y Lagunas de Siglo XX hasta el gobierno de Barrientos).
  5. Abolición del impuesto a la renta: «Al crearse esta carga estaba dirigida a los capitales industrial y comercial (1927). La desvalorización monetaria la ha convertido en impuesto exclusivo a los salarios y sueldos, cuyo peso es excesivo dada la extrema miseria. Por esto se pide su abolición»2.

La diferenciación política del movimiento obrero minero del gobierno, que se tradujo en una poderosa presión negativa sobre el MNR, dio como resultado la formación de la izquierda oficialista (lechinismo), que, más y más, fue definiéndose y adoptando posiciones acordes con la evolución hacia la izquierda de las masas. Esa izquierda fue expulsada y se transformó en el PRIN.

Referencias

1Cfr. «Octavo congreso de Pulacayo», en Historia del movimiento obrero boliviano, tomo V de Guillermo Lora. N.E.

2«Plataforma aprobada por la Comisión Económica Tripartita de Catavi-Siglo XX-Huanuni», en «Masas», La Paz, 24 de diciembre de 1960.


ESTE ES UN FRAGMENTO DEL CAPÍTULO "LA FEDERACIÓN DE MINEROS DESPUÉS DE 1952"  DEL LIBRO HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO, TOMO V, DE GUILLERMO LORA; ENLAZADO Y EDITADO POR CHAMBA.COOP

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